El lado B de Malvinas

Detrás del relato popular y conocido de lo que fue la Guerra de Malvinas, se esconden historias de dolor. Jóvenes inexpertos tuvieron que ir a defender la patria ante los ingleses a tierras frías y desconocidas. Sin embargo, fue su propia patria quien los traicionó. Muchos soldados argentinos fueron víctimas de abusos y torturas por parte de sus oficiales superiores. En la actualidad, 42 años después, más de 100 de estos oficiales fueron denunciados, pero tan solo cuatro fueron procesados: Miguel Angel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino. 

 

La causa 1777/07, de la cual son querellantes la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Comisión Provincial por la Memoria, acumula más de 120 testimonios de soldados que denuncian haber sido víctimas de torturas y abusos durante la guerra. A pesar de haber sido archivada hace más de tres años, el expediente lleva un largo recorrido judicial que se inició en 2007, cuando Pablo Vassel, quien entonces era Secretario de Derechos Humanos en Corrientes, una provincia con alrededor de 1000 excombatientes, presentó la primera denuncia ante la justicia por estos hechos.

 

“Cinco soldados correntinos me contaron que habían sido torturados, quince que habían sido testigos de estaqueos y de torturas, y todos me hablaban del hambre extremo, de haber perdido entre un 30% y un 40% de su peso corporal”, recordó Pablo, quien llevó el caso ante el juzgado federal de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, donde estos actos fueron considerados como crímenes de lesa humanidad. Esta clasificación marcó un hito inicial para la causa, permitiendo que los crímenes sean imprescriptibles y puedan seguir siendo investigados a pesar del paso del tiempo. Durante su discurso en la apertura del período parlamentario del mismo año, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó el fallo y prometió acompañar a las víctimas ante la CIDH. Sin embargo, no fue hasta diciembre del año pasado, ocho años después de la solicitud inicial de ayuda, cuando la Comisión Interamericana declaró admisible la denuncia.

 

En el 2018, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia volvió a calificar como crímenes de lesa humanidad a los tormentos aplicados por los mandos militares a soldados, reabriendo así la investigación judicial. Al año siguiente, Claudio Pasqualini, entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército y actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares del presidente Javier Milei, expresó al medio Infobae que “existen ciertas imputaciones que pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de los combatientes de Malvinas”, en referencia a las denuncias de la causa 1770/07. Estas declaraciones llevaron a la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, a suspender las 19 indagatorias previstas para esa fecha, argumentando que prefería no involucrarse en asuntos políticos. Tras la presión del CECIM, las indagaciones se realizaron hacia fin de año y en febrero de 2020, la justicia federal de Tierra del Fuego procesó a los militares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino por las torturas infligidas a soldados durante la guerra de Malvinas. 

 

Según declaraciones de Mariel Borruto ante el juzgado federal de Río Grande, las torturas que se evidencian en los relatos de las víctimas y los testigos indican una naturalización e internalización de un sistema de castigos por parte de todos los miembros de la organización militar desplegada en el territorio de Malvinas. “La existencia de un mismo tipo de sanciones aplicadas, dentro de un mismo regimiento, ante supuestas faltas disciplinarias que cometían los soldados, permite suponer la existencia de un plan respecto de la manera en que se llevarían a cabo dichos castigos durante el conflicto bélico”, afirmó la jueza. Se trató, sin dudas, de una dinámica de jerarquías. 

 

Aquellas torturas disfrazadas por los militares como castigos iban desde estaqueamientos, descargas eléctricas, simulación de fusilamientos, hasta obligarlos a comer excremento o incluso dejarlos sin comer por días. “No nos daban la comida que nos correspondía y nos hacían tomar agua desde un pozo en la tierra. Cuando regresé a casa, dos meses después, pesaba 26 kilos menos”, recordó el veterano Silvio Katz, quien en ese entonces tenía tan solo 19 años. 

Como si el dolor y el miedo de tener que participar en una batalla no fueran suficientes, Silvio también tuvo que lidiar con los abusos constantes de su oficial a cargo durante toda su estadía, quien lo empezó a discriminar por su religión.“El cabecilla de mi división Eduardo Sergio Flores Ardoíno, tenía tendencias antisemitas, nazistas. Me llamaba ‘judio de mierda’ y me acusaba de traidor”, reveló Silvio y agregó que ese antisemitismo se expresó en una violencia psicológica y física que fue empeorando a medida avanzaba el conflicto. A pesar de denunciarlo repetidamente hasta su fallecimiento el año pasado, Ardoíno nunca quiso enfrentar las acusaciones. Silvio es otro veterano más que nunca obtendrá justicia, pero espera que sus compañeros puedan conseguir el reconocimiento que él no pudo.

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